A partir de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano es parte. La Suprema Corte de Justicia de Nación, en ese sentido, ha hecho efectiva la defensa de los derechos humanos en sus diversas resoluciones.